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Científicos de Estados Unidos intentan salvar los datos climáticos antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, temiendo que los nuevos dirigentes del país, a los que consideran teóricos de la conspiración climática, puedan destruirlos o borrarlos.
La campaña se denomina #DataRefuge, ha sido lanzada por la Universidad de Pensilvania y está recogiendo apoyos dentro y fuera de la comunidad científica, de Estados Unidos y de otros países.
Temen sobre todo por los datos recogidos sobre el calentamiento global, las emisiones de efecto invernadero y la situación en los océanos, todos ellos facilitados por agencias gubernamentales que cambiarán de dirección cuando se renueve la presidencia de Estados Unidos.
Según The Washington Post, los científicos están recibiendo ayuda de inversores y abogados para organizar la recopilación de datos en servidores independientes, a salvo de manipulación por los nuevos dirigentes del país.
Según explica al respecto Margaret Janz, de la Universidad de Pensilvania, a la revista francesa Sciences et Avenir, su estrategia consiste en utilizar un modelo descentralizado en el cual los datos recogidos migrarán a servidores situados en diferentes lugares de Estados Unidos y de otros países.
Los nuevos dirigentes del país han estado considerando la posibilidad de desmantelar programas federales de investigación sobre el clima durante años y no es irrazonable pensar que quieren eliminar los datos que ellos rechazan, señala este colectivo.
Janz explica que en la historia de Estados Unidos ya ha ocurrido muchas veces que el acceso público a informaciones gubernamentales ha sido alterado. Relata también las experiencias de otros países, como Canadá o Australia, que quieren evitar ocurra en Estados Unidos.
En Australia, la financiación de la ciencia se redujo considerablemente con la llegada al poder de Tony Abbot en 2013, se eliminaron completamente algunos programas y el puesto de ministro de la Ciencia fue sencillamente eliminado.
En Canadá, con la administración Harper (2006-2015) se impuso a los científicos la obligación de pedir permiso al Gobierno para hablar a los medios de comunicación, se retiraron fondos a programas de investigación y numerosas bibliotecas científicas del gobierno fueron cerradas.
La campaña se denomina #DataRefuge, ha sido lanzada por la Universidad de Pensilvania y está recogiendo apoyos dentro y fuera de la comunidad científica, de Estados Unidos y de otros países.
Temen sobre todo por los datos recogidos sobre el calentamiento global, las emisiones de efecto invernadero y la situación en los océanos, todos ellos facilitados por agencias gubernamentales que cambiarán de dirección cuando se renueve la presidencia de Estados Unidos.
Según The Washington Post, los científicos están recibiendo ayuda de inversores y abogados para organizar la recopilación de datos en servidores independientes, a salvo de manipulación por los nuevos dirigentes del país.
Según explica al respecto Margaret Janz, de la Universidad de Pensilvania, a la revista francesa Sciences et Avenir, su estrategia consiste en utilizar un modelo descentralizado en el cual los datos recogidos migrarán a servidores situados en diferentes lugares de Estados Unidos y de otros países.
Los nuevos dirigentes del país han estado considerando la posibilidad de desmantelar programas federales de investigación sobre el clima durante años y no es irrazonable pensar que quieren eliminar los datos que ellos rechazan, señala este colectivo.
Janz explica que en la historia de Estados Unidos ya ha ocurrido muchas veces que el acceso público a informaciones gubernamentales ha sido alterado. Relata también las experiencias de otros países, como Canadá o Australia, que quieren evitar ocurra en Estados Unidos.
En Australia, la financiación de la ciencia se redujo considerablemente con la llegada al poder de Tony Abbot en 2013, se eliminaron completamente algunos programas y el puesto de ministro de la Ciencia fue sencillamente eliminado.
En Canadá, con la administración Harper (2006-2015) se impuso a los científicos la obligación de pedir permiso al Gobierno para hablar a los medios de comunicación, se retiraron fondos a programas de investigación y numerosas bibliotecas científicas del gobierno fueron cerradas.
Escenario probable
Este es un escenario que consideran probable ocurra en Estados Unidos y por ello este colectivo se organiza para asegurar que la investigación climática prosiga de forma independiente y rigurosa, y que los datos obtenidos en estos trabajos continúen siendo de dominio público y no sean manipulados o eliminados.
Se basan en el hecho de que Donald Trump ha elegido para administrar las principales agencias federales que recogen datos cruciales sobre el clima a personas que niegan la realidad del cambio climático.
Scott Pruitt, fiscal de Oklahoma famoso por sus constantes denuncias contra la Agencia de Protección Ambiental, será su nuevo director. Rick Perry, antiguo gobernador de Texas, será el nuevo ministro de Energía, un departamento que hasta ahora ha procurado las energías limpias y reducido la dependencia de los combustibles fósiles.
Ambos han anticipado que desmantelarán los programas básicos de ambas instituciones, lo que los científicos consideran un riesgo para la seguridad de los datos científicos acumulados sobre el clima.
“Los riesgos son altos y la incertidumbre de la situación enorme”, explica Janz. “Estamos convencidos de que es mejor prevenir y por eso trabajamos con una amplia red de colaboradores para preservar el acceso a los datos climáticos y medioambientales disponibles. Es el objetivo de #DataRefuge, un proyecto que tiene la finalidad de asegurar que los datos están a salvo”.
Este es un escenario que consideran probable ocurra en Estados Unidos y por ello este colectivo se organiza para asegurar que la investigación climática prosiga de forma independiente y rigurosa, y que los datos obtenidos en estos trabajos continúen siendo de dominio público y no sean manipulados o eliminados.
Se basan en el hecho de que Donald Trump ha elegido para administrar las principales agencias federales que recogen datos cruciales sobre el clima a personas que niegan la realidad del cambio climático.
Scott Pruitt, fiscal de Oklahoma famoso por sus constantes denuncias contra la Agencia de Protección Ambiental, será su nuevo director. Rick Perry, antiguo gobernador de Texas, será el nuevo ministro de Energía, un departamento que hasta ahora ha procurado las energías limpias y reducido la dependencia de los combustibles fósiles.
Ambos han anticipado que desmantelarán los programas básicos de ambas instituciones, lo que los científicos consideran un riesgo para la seguridad de los datos científicos acumulados sobre el clima.
“Los riesgos son altos y la incertidumbre de la situación enorme”, explica Janz. “Estamos convencidos de que es mejor prevenir y por eso trabajamos con una amplia red de colaboradores para preservar el acceso a los datos climáticos y medioambientales disponibles. Es el objetivo de #DataRefuge, un proyecto que tiene la finalidad de asegurar que los datos están a salvo”.