Después de la marcha de las mujeres reivindicando las libertades amenazadas por la Administración Trump, los científicos norteamericanos se movilizan y preparan una “marcha sobre Washington”, para la que todavía no hay fecha.
Con este movimiento, los científicos pretenden responder a la negación del cambio climático que afirma la nueva Administración norteamericana, así como la orientación de la política energética del país, que ha sido confiada a un magnate del petróleo.
Para la organización de esta marcha se ha creado un nuevo movimiento social, "Scientists' March on Washington", como reacción a los ataques a la ciencia realizados por la nueva Administración, según explica una de las fundadoras de esta movimiento, Caroline Weinberg, investigadora en el campo de la salud pública, en el Washington Post.
“Reducir la financiación de la ciencia e impedir a los científicos comunicar a la sociedad los resultados de investigaciones que se financian con dinero público es absurdo y no puede permitirse en política”, añade Weinberg.
La científica se refiere a los recortes implementados a agencias científicas norteamericanas desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y a la mordaza impuesta a los científicos para que no informen a la sociedad de su trabajo, particularmente sobre el cambio climático, sin la autorización del gobierno.
La principal afectada por esta medida es la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), que ahora es dirigida por el que fue procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, firme opositor de su existencia y que había pedido que fuera desmantelada al menos 14 veces por sus medidas contra la contaminación. Su nombramiento está todavía pendiente de aprobación por el Senado.
La Casa Blanca ya ha pedido retirar de la web de la EPA toda referencia al cambio climático, si bien ha debido dar marcha atrás y de momento la información sigue abierta. También se le ha pedido a la EPA que no hable con los medios y que no informe de nada, ni siquiera a través de las redes sociales, sin que los mensajes sean aprobados previamente por el Gobierno.
El Gobierno está revisando también los artículos elaborados por miembros de la EPA que han sido enviados a revistas científicas para decidir si los autoriza o no, utilizando para ello exclusivamente criterios ajenos a los protocolos de la ciencia, informa AP.
La EPA es la agencia del gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y el medio ambiente: aire, agua y suelo. Su presupuesto (8 mil millones de dólares el año pasado) y personal (15.000 empleados) pueden ser reducidos a la mitad, según el entorno de Trump.
Con este movimiento, los científicos pretenden responder a la negación del cambio climático que afirma la nueva Administración norteamericana, así como la orientación de la política energética del país, que ha sido confiada a un magnate del petróleo.
Para la organización de esta marcha se ha creado un nuevo movimiento social, "Scientists' March on Washington", como reacción a los ataques a la ciencia realizados por la nueva Administración, según explica una de las fundadoras de esta movimiento, Caroline Weinberg, investigadora en el campo de la salud pública, en el Washington Post.
“Reducir la financiación de la ciencia e impedir a los científicos comunicar a la sociedad los resultados de investigaciones que se financian con dinero público es absurdo y no puede permitirse en política”, añade Weinberg.
La científica se refiere a los recortes implementados a agencias científicas norteamericanas desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y a la mordaza impuesta a los científicos para que no informen a la sociedad de su trabajo, particularmente sobre el cambio climático, sin la autorización del gobierno.
La principal afectada por esta medida es la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), que ahora es dirigida por el que fue procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt, firme opositor de su existencia y que había pedido que fuera desmantelada al menos 14 veces por sus medidas contra la contaminación. Su nombramiento está todavía pendiente de aprobación por el Senado.
La Casa Blanca ya ha pedido retirar de la web de la EPA toda referencia al cambio climático, si bien ha debido dar marcha atrás y de momento la información sigue abierta. También se le ha pedido a la EPA que no hable con los medios y que no informe de nada, ni siquiera a través de las redes sociales, sin que los mensajes sean aprobados previamente por el Gobierno.
El Gobierno está revisando también los artículos elaborados por miembros de la EPA que han sido enviados a revistas científicas para decidir si los autoriza o no, utilizando para ello exclusivamente criterios ajenos a los protocolos de la ciencia, informa AP.
La EPA es la agencia del gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y el medio ambiente: aire, agua y suelo. Su presupuesto (8 mil millones de dólares el año pasado) y personal (15.000 empleados) pueden ser reducidos a la mitad, según el entorno de Trump.
Ofensiva general contra la ciencia
El pasado lunes, los científicos del ministerio de Agricultura también fueron reducidos al silencio, en una medida que tuvo que ser anulada al día siguiente. La Agencia encargada de los Parques Nacionales también ha recibido la orden de no divulgar informaciones sobre twitter.
El Departamento del Interior (que incluye el Servicio de Parques Nacionales), el Departamento de Transporte y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (que incluye los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud) han recibido también mensajes para impedir la comunicación con el público, informa Popular Science. De hecho, la única organización científica que no parece haber recibido la orden de mordaza es la NASA, si bien empleados de la agencia espacial están utilizando también cuentas paralelas de twitter para criticar la censura que sufren otras agencias.
Todas estas medidas están indignando a la comunidad científica, que ve cómo sus mayores preocupaciones se materializan.
Trump está tomando los derroteros que acometió en Canadá la administración Harper (2006-2015), que impuso a los científicos la obligación de pedir permiso al Gobierno para hablar a los medios de comunicación, se retiraron fondos a programas de investigación y numerosas bibliotecas científicas del gobierno fueron cerradas.
Tal como informamos en otro artículo, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca los científicos se organizaron para exportar a servidores ajenos al Gobierno toda la información relativa a investigaciones climáticas, temiendo que el nuevo Gobierno la bloquease, destruyese o impidiese que fuera conocida por el público. Hasta ahora se han salvado 1,5 terabytes de datos sensibles.
La batalla de los científicos contra la nueva Administración se ha trasladado a twitter, el espacio elegido por Trump para lanzar sus mensajes, donde los investigadores publican informaciones con nombres supuestos para burlar la censura del Gobierno.
Otra marcha sobre Washington está organizada ya para el próximo 29 de abril por el Movimiento Climático, que reúne a una docena de organizaciones ciudadanas. Se desarrollará coincidiendo con los cien días de Trump en la Casa Blanca y es la segunda edición de esta marcha. La anterior tuvo lugar en septiembre de 2014 y reunió a 400.000 personas en NY.
El pasado lunes, los científicos del ministerio de Agricultura también fueron reducidos al silencio, en una medida que tuvo que ser anulada al día siguiente. La Agencia encargada de los Parques Nacionales también ha recibido la orden de no divulgar informaciones sobre twitter.
El Departamento del Interior (que incluye el Servicio de Parques Nacionales), el Departamento de Transporte y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (que incluye los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud) han recibido también mensajes para impedir la comunicación con el público, informa Popular Science. De hecho, la única organización científica que no parece haber recibido la orden de mordaza es la NASA, si bien empleados de la agencia espacial están utilizando también cuentas paralelas de twitter para criticar la censura que sufren otras agencias.
Todas estas medidas están indignando a la comunidad científica, que ve cómo sus mayores preocupaciones se materializan.
Trump está tomando los derroteros que acometió en Canadá la administración Harper (2006-2015), que impuso a los científicos la obligación de pedir permiso al Gobierno para hablar a los medios de comunicación, se retiraron fondos a programas de investigación y numerosas bibliotecas científicas del gobierno fueron cerradas.
Tal como informamos en otro artículo, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca los científicos se organizaron para exportar a servidores ajenos al Gobierno toda la información relativa a investigaciones climáticas, temiendo que el nuevo Gobierno la bloquease, destruyese o impidiese que fuera conocida por el público. Hasta ahora se han salvado 1,5 terabytes de datos sensibles.
La batalla de los científicos contra la nueva Administración se ha trasladado a twitter, el espacio elegido por Trump para lanzar sus mensajes, donde los investigadores publican informaciones con nombres supuestos para burlar la censura del Gobierno.
Otra marcha sobre Washington está organizada ya para el próximo 29 de abril por el Movimiento Climático, que reúne a una docena de organizaciones ciudadanas. Se desarrollará coincidiendo con los cien días de Trump en la Casa Blanca y es la segunda edición de esta marcha. La anterior tuvo lugar en septiembre de 2014 y reunió a 400.000 personas en NY.