La justicia británica acaba de reconocer a los conductores de Uber el estatuto de asalariados. En Estados Unidos, la misma compañía está en los tribunales por demandas en California y Massachusetts, lanzadas hace tres años por un colectivo de conductores que no se consideran trabajadores independientes.
Uber es una multinacional con sede central en San Francisco, California, que conecta a los viajeros potenciales con conductores particulares a través de una red con aplicación móvil que gestiona la compañía. Está presente en decenas de ciudades de todo el mundo, donde ha entrado en conflicto, particularmente, con el sector del taxi.
Aunque en Estados Unidos Uber llegó el pasado abril a un acuerdo amistoso con los demandantes, y se comprometió a desembolsar 100 millones de dólares (91 millones de euros) a unos 385.000 conductores, que seguían siendo trabajadores independientes, un juez rechazó el acuerdo.
Considera el magistrado que era injusto porque los conductores podrían aspirar a mil millones de dólares de indemnización. En consecuencia, habrá un proceso judicial en San Francisco que, en caso de que prevalezca el interés de los conductores, obligará a Uber a replantearse todo su modelo económico.
Uber lleva una larga trayectoria de conflictos con ciudades norteamericanas y ha recurrido a los grupos de presión para proseguir con su actividad. En Nueva York impidió que se limitara el número de conductores que pretendía el alcalde y en Las Vegas ha vuelto a circular, después de muchos años de prohibición. En la actualidad está presente en más de 200 ciudades importantes de Estados Unidos.
En Austin, la capital de Texas, Uber y su competencia Lyft han suspendido actividades desde mayo después del voto en referéndum de una ley que obliga a registrar las huellas dactilares de los conductores.
En Massachusetts, una ley votada este verano grava con 20 céntimos de dólar cada trayecto realizado por Uber, para financiar las infraestructuras de transporte. Una cuarta parte de lo recaudado va para el colectivo de taxistas de la ciudad.
En Europa, Londres no es la única ciudad que pone problemas a Uber. En París, la compañía se enfrenta a una demanda para reclamar el estatuto de asalariados a los conductores de la multinacional.
Uber es una multinacional con sede central en San Francisco, California, que conecta a los viajeros potenciales con conductores particulares a través de una red con aplicación móvil que gestiona la compañía. Está presente en decenas de ciudades de todo el mundo, donde ha entrado en conflicto, particularmente, con el sector del taxi.
Aunque en Estados Unidos Uber llegó el pasado abril a un acuerdo amistoso con los demandantes, y se comprometió a desembolsar 100 millones de dólares (91 millones de euros) a unos 385.000 conductores, que seguían siendo trabajadores independientes, un juez rechazó el acuerdo.
Considera el magistrado que era injusto porque los conductores podrían aspirar a mil millones de dólares de indemnización. En consecuencia, habrá un proceso judicial en San Francisco que, en caso de que prevalezca el interés de los conductores, obligará a Uber a replantearse todo su modelo económico.
Uber lleva una larga trayectoria de conflictos con ciudades norteamericanas y ha recurrido a los grupos de presión para proseguir con su actividad. En Nueva York impidió que se limitara el número de conductores que pretendía el alcalde y en Las Vegas ha vuelto a circular, después de muchos años de prohibición. En la actualidad está presente en más de 200 ciudades importantes de Estados Unidos.
En Austin, la capital de Texas, Uber y su competencia Lyft han suspendido actividades desde mayo después del voto en referéndum de una ley que obliga a registrar las huellas dactilares de los conductores.
En Massachusetts, una ley votada este verano grava con 20 céntimos de dólar cada trayecto realizado por Uber, para financiar las infraestructuras de transporte. Una cuarta parte de lo recaudado va para el colectivo de taxistas de la ciudad.
En Europa, Londres no es la única ciudad que pone problemas a Uber. En París, la compañía se enfrenta a una demanda para reclamar el estatuto de asalariados a los conductores de la multinacional.
También Airbnb
Airbnb es un mercado comunitario para publicar, descubrir y reservar viviendas. Es otro referente de la economía colaborativa que se enfrenta asimismo a un endurecimiento de la regulación.
En Nueva York una nueva ley prevé poner multas de hasta 7.500 dólares a los usuarios que contraten servicios de corta duración, una actividad que daña al sector hotelero. Esta ley podría cuestionar su actividad en la ciudad.
En San Francisco, Airbnb puede ser penalizada con 1.000 dólares diarios por alojamientos no aceptados. Su plataforma de reservas está asimismo prohibida o cuestionada en otras ciudades, tanto de Europa como de Estados Unidos.
En Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una disposición que obliga a los particulares que alquilan o venden bienes a través de plataformas colaborativas como Airbnb, Zilok (alquiler de objetos entre particulares) o Drivy (alquiler de coches) a afiliarse y a pagar las cotizaciones de la seguridad social. Esta medida se suma a otra anterior de pagar impuestos por este tipo de transacciones.
La ordenación legal de los diferentes formatos de la economía colaborativa está todavía en plena ebullición, con diferentes reacciones y regulaciones según los países que ha llevado a la Comisión Europea a emitir recomendaciones dirigidas a orientar y a ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa.
Europa aplica leyes distintas en cada ciudad para regular la implantación de empresas como Uber o Airbnb. En España, las normas están aún más fragmentadas y afectan especialmente a empresas como Uber y Airbnb.
Airbnb es un mercado comunitario para publicar, descubrir y reservar viviendas. Es otro referente de la economía colaborativa que se enfrenta asimismo a un endurecimiento de la regulación.
En Nueva York una nueva ley prevé poner multas de hasta 7.500 dólares a los usuarios que contraten servicios de corta duración, una actividad que daña al sector hotelero. Esta ley podría cuestionar su actividad en la ciudad.
En San Francisco, Airbnb puede ser penalizada con 1.000 dólares diarios por alojamientos no aceptados. Su plataforma de reservas está asimismo prohibida o cuestionada en otras ciudades, tanto de Europa como de Estados Unidos.
En Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una disposición que obliga a los particulares que alquilan o venden bienes a través de plataformas colaborativas como Airbnb, Zilok (alquiler de objetos entre particulares) o Drivy (alquiler de coches) a afiliarse y a pagar las cotizaciones de la seguridad social. Esta medida se suma a otra anterior de pagar impuestos por este tipo de transacciones.
La ordenación legal de los diferentes formatos de la economía colaborativa está todavía en plena ebullición, con diferentes reacciones y regulaciones según los países que ha llevado a la Comisión Europea a emitir recomendaciones dirigidas a orientar y a ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa.
Europa aplica leyes distintas en cada ciudad para regular la implantación de empresas como Uber o Airbnb. En España, las normas están aún más fragmentadas y afectan especialmente a empresas como Uber y Airbnb.