El sistema sanitario aún no ha traspasado líneas rojas, pero las consecuencias de la crisis en la salud y las atenciones sanitarias ya es patente en España, según el informe Crisis económica y salud elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Hay evidencia de la relación de la crisis con la salud de la población española y con las desigualdades en salud, siendo la más sólida la referida a la salud mental, la mortalidad y la salud reproductiva, señala el informe.
Entre 2006 y 2010 hubo un incremento significativo de los trastornos mentales más frecuentes atendidos en atención primaria (trastornos del estado de ánimo 19%, trastornos de ansiedad 8%, trastornos por abuso de alcohol 5%). El factor de riesgo más influyente fue estar en paro, pero también se asoció el hecho de tener un familiar desempleado y las dificultades para pagar la hipoteca. Asimismo, aumentó el consumo de antidepresivos (un 10% entre 2009 y 2012). Sus recomendaciones para reducir el impacto de la crisis en la salud mental incluyen medidas asistenciales, preventivas y sociales.
Aunque no se detecta ningún cambio de tendencia significativo en la mortalidad entre 1999 y 2011, las desigualdades sociales en la mortalidad general aumentaron en los hombres a partir de 2008. Los hombres con mayores niveles de estudios redujeron más que el resto las tasas de mortalidad. Este resultado es importante porque es uno de los primeros que evidencia la materialización de la crisis económica sobre las desigualdades sociales en salud.
Los autores del informe recomiendan frenar los recortes en gasto social, siguiendo el ejemplo de los países donde el impacto de la crisis en la mortalidad ha sido menor. Estos datos evidencian que los efectos en la salud de la crisis económica o de las políticas de austeridad, características de la gestión de la crisis en España, son ya detectables en las estadísticas disponibles.
La natalidad ha descendido desde el comienzo de la crisis y se ha retrasado la edad a la maternidad. Posiblemente la mayor reducción de la fecundidad en las edades más jóvenes, en las que el desempleo ha tenido un mayor impacto, sea una de las consecuencias del deterioro del mercado laboral. Entre 2006 y 2012 no se detectan grandes cambios en los estilos de vida. El consumo habitual de alcohol desciende (no el intensivo) y aumenta el de psicofármacos.
Hay evidencia de la relación de la crisis con la salud de la población española y con las desigualdades en salud, siendo la más sólida la referida a la salud mental, la mortalidad y la salud reproductiva, señala el informe.
Entre 2006 y 2010 hubo un incremento significativo de los trastornos mentales más frecuentes atendidos en atención primaria (trastornos del estado de ánimo 19%, trastornos de ansiedad 8%, trastornos por abuso de alcohol 5%). El factor de riesgo más influyente fue estar en paro, pero también se asoció el hecho de tener un familiar desempleado y las dificultades para pagar la hipoteca. Asimismo, aumentó el consumo de antidepresivos (un 10% entre 2009 y 2012). Sus recomendaciones para reducir el impacto de la crisis en la salud mental incluyen medidas asistenciales, preventivas y sociales.
Aunque no se detecta ningún cambio de tendencia significativo en la mortalidad entre 1999 y 2011, las desigualdades sociales en la mortalidad general aumentaron en los hombres a partir de 2008. Los hombres con mayores niveles de estudios redujeron más que el resto las tasas de mortalidad. Este resultado es importante porque es uno de los primeros que evidencia la materialización de la crisis económica sobre las desigualdades sociales en salud.
Los autores del informe recomiendan frenar los recortes en gasto social, siguiendo el ejemplo de los países donde el impacto de la crisis en la mortalidad ha sido menor. Estos datos evidencian que los efectos en la salud de la crisis económica o de las políticas de austeridad, características de la gestión de la crisis en España, son ya detectables en las estadísticas disponibles.
La natalidad ha descendido desde el comienzo de la crisis y se ha retrasado la edad a la maternidad. Posiblemente la mayor reducción de la fecundidad en las edades más jóvenes, en las que el desempleo ha tenido un mayor impacto, sea una de las consecuencias del deterioro del mercado laboral. Entre 2006 y 2012 no se detectan grandes cambios en los estilos de vida. El consumo habitual de alcohol desciende (no el intensivo) y aumenta el de psicofármacos.
Grupos afectados
Según el informe, es de esperar que «los niños y las niñas de la crisis» se resientan a lo largo de toda su vida en su estatus socioeconómico (menor nivel educativo, menores ingresos y menores oportunidades laborales) y en su salud (más trastornos crónicos, entre ellos mayor riesgo de patología cardiovascular, deterioro cognitivo y demencia).
Las personas menores de 16 años constituyen el grupo de población con un mayor incremento del riesgo de pobreza (27% en 2011) desde el inicio de la crisis en España, por lo que es tan importante la implementación de políticas públicas que contrapesen este proceso, pues no hay políticas dirigidas a la edad adulta capaces de revertir sus consecuencias. Los autores hacen distintas propuestas, como políticas de redistribución de ingresos, inversión en educación y programas de alimentación y de protección de la vivienda.
En el otro extremo de la pirámide demográfica son patentes también los efectos de la crisis. La mortalidad de las personas mayores de 60 años parece reducir su ritmo de mejora desde 2008, en particular en invierno (lo que sugiere un efecto de la pobreza energética) y en las mujeres (con menores pensiones y principales responsables de la atención a personas dependientes).
Los mecanismos implicados serían la disminución de los servicios de salud y sociales, la disminución del poder adquisitivo de las pensiones y el aumento de la pobreza, el estrés psicosocial y económico al convertirse las personas mayores en la principal fuente de apoyo a la familia, y la asunción del cuidado de familiares dependientes.
El informe anticipa asimismo consecuencias adversas para la salud de los 5,7 millones de personas inmigrantes que permanecen en el país. Su acceso a los servicios sociales y a la sanidad se ha resentido con las políticas de recortes y de exclusión, y además tienen mayor exposición a peores determinantes de la salud, menor capacidad adquisitiva, peores condiciones de vida y trabajo más precario. A pesar de que los datos sobre el impacto de la crisis sobre la salud y el acceso a la atención sanitaria de esta población son prácticamente inexistentes, ya hay pruebas de un impacto en la salud mental y algunos indicios de un aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud.
Otros indicadores
También hay indicios de afectación de otros indicadores de salud relacionados con determinantes estructurales específicos, como la vivienda, y algunos signos de posibles efectos incipientes, como es el caso de la patología infecciosa. También hay cambios en los estilos de vida relacionados con el consumo de tóxicos y el uso de anticonceptivos.
Todavía es pronto para evaluar en profundidad el impacto de las reformas del sistema sanitario, en parte porque no se dispone de la información necesaria. Sin embargo, ya hay evidencia de que las personas de los grupos sociales más desfavorecidos han reducido las consultas a los médicos especialistas de los servicios públicos y a los servicios sanitarios no cubiertos, como la odontología.
Por otro lado, la evidencia del impacto de la crisis en algunos determinantes de la salud es muy abundante, empezando por el grave deterioro del mercado laboral y específicamente las altas tasas de desempleo, pero también por el aumento del trabajo atípico.
Asimismo, han aumentado las dificultades de acceso a la vivienda y a una alimentación suficiente y saludable. Los cambios en el medio ambiente apuntan a una mejora en el corto plazo, por la disminución de la contaminación del aire, pero podría empeorar en el corto-medio plazo.
Se identifican distintos grupos de población que son más vulnerables a los efectos de la crisis. Aunque en algunos casos son específicos del problema de salud o de un determinante de la salud en concreto, los grupos en que se acumula una situación de desventaja son las personas desempleadas, las inmigrantes (en especial las que están en situación irregular), la infancia, las personas mayores y las personas con bajos ingresos.
Las respuestas políticas sobre cómo gestionar las crisis son el aspecto determinante para mitigar o magnificar los impactos negativos en la salud y en las desigualdades en salud. Los recortes en políticas sociales y de empleo, y en el sistema sanitario, así como la transformación del derecho a la atención en salud basado en la ciudadanía a estar basado en las cotizaciones a la Seguridad Social, no han tenido en cuenta la evidencia existente, y en muchos casos las decisiones tomadas incluso van en sentido opuesto a la evidencia disponible. Por ejemplo, la escasa información disponible y la evidencia internacional no avalan la implementación de las distintas formas de privatización como vía para la mejora de la eficiencia del sistema sanitario.
La crisis puede facilitar la vulnerabilidad de las políticas públicas a la acción de las corporaciones en todos los ámbitos en que éstas ejercen influencia, poniendo en riesgo la implantación de políticas saludables, sobre todo en contextos de reducción del papel y el tamaño de los estados para mejorar la economía.
El Informe concluye señalando: «Para superar los peores efectos de la crisis, conviene que por encima del crecimiento económico como meta de la sociedad se recobre el propósito de mejorar el bienestar de la población, que tiene que ver en buena parte con la salud. Bienestar y salud que se contribuye a promover desde muy diversos sectores sociales, por lo que resulta oportuno introducir la salud en todas las políticas y fomentar políticas intersectoriales. Un planteamiento genuinamente político que hace imprescindible la participación activa del conjunto de la ciudadanía».
Según el informe, es de esperar que «los niños y las niñas de la crisis» se resientan a lo largo de toda su vida en su estatus socioeconómico (menor nivel educativo, menores ingresos y menores oportunidades laborales) y en su salud (más trastornos crónicos, entre ellos mayor riesgo de patología cardiovascular, deterioro cognitivo y demencia).
Las personas menores de 16 años constituyen el grupo de población con un mayor incremento del riesgo de pobreza (27% en 2011) desde el inicio de la crisis en España, por lo que es tan importante la implementación de políticas públicas que contrapesen este proceso, pues no hay políticas dirigidas a la edad adulta capaces de revertir sus consecuencias. Los autores hacen distintas propuestas, como políticas de redistribución de ingresos, inversión en educación y programas de alimentación y de protección de la vivienda.
En el otro extremo de la pirámide demográfica son patentes también los efectos de la crisis. La mortalidad de las personas mayores de 60 años parece reducir su ritmo de mejora desde 2008, en particular en invierno (lo que sugiere un efecto de la pobreza energética) y en las mujeres (con menores pensiones y principales responsables de la atención a personas dependientes).
Los mecanismos implicados serían la disminución de los servicios de salud y sociales, la disminución del poder adquisitivo de las pensiones y el aumento de la pobreza, el estrés psicosocial y económico al convertirse las personas mayores en la principal fuente de apoyo a la familia, y la asunción del cuidado de familiares dependientes.
El informe anticipa asimismo consecuencias adversas para la salud de los 5,7 millones de personas inmigrantes que permanecen en el país. Su acceso a los servicios sociales y a la sanidad se ha resentido con las políticas de recortes y de exclusión, y además tienen mayor exposición a peores determinantes de la salud, menor capacidad adquisitiva, peores condiciones de vida y trabajo más precario. A pesar de que los datos sobre el impacto de la crisis sobre la salud y el acceso a la atención sanitaria de esta población son prácticamente inexistentes, ya hay pruebas de un impacto en la salud mental y algunos indicios de un aumento en las barreras de acceso a los servicios de salud.
Otros indicadores
También hay indicios de afectación de otros indicadores de salud relacionados con determinantes estructurales específicos, como la vivienda, y algunos signos de posibles efectos incipientes, como es el caso de la patología infecciosa. También hay cambios en los estilos de vida relacionados con el consumo de tóxicos y el uso de anticonceptivos.
Todavía es pronto para evaluar en profundidad el impacto de las reformas del sistema sanitario, en parte porque no se dispone de la información necesaria. Sin embargo, ya hay evidencia de que las personas de los grupos sociales más desfavorecidos han reducido las consultas a los médicos especialistas de los servicios públicos y a los servicios sanitarios no cubiertos, como la odontología.
Por otro lado, la evidencia del impacto de la crisis en algunos determinantes de la salud es muy abundante, empezando por el grave deterioro del mercado laboral y específicamente las altas tasas de desempleo, pero también por el aumento del trabajo atípico.
Asimismo, han aumentado las dificultades de acceso a la vivienda y a una alimentación suficiente y saludable. Los cambios en el medio ambiente apuntan a una mejora en el corto plazo, por la disminución de la contaminación del aire, pero podría empeorar en el corto-medio plazo.
Se identifican distintos grupos de población que son más vulnerables a los efectos de la crisis. Aunque en algunos casos son específicos del problema de salud o de un determinante de la salud en concreto, los grupos en que se acumula una situación de desventaja son las personas desempleadas, las inmigrantes (en especial las que están en situación irregular), la infancia, las personas mayores y las personas con bajos ingresos.
Las respuestas políticas sobre cómo gestionar las crisis son el aspecto determinante para mitigar o magnificar los impactos negativos en la salud y en las desigualdades en salud. Los recortes en políticas sociales y de empleo, y en el sistema sanitario, así como la transformación del derecho a la atención en salud basado en la ciudadanía a estar basado en las cotizaciones a la Seguridad Social, no han tenido en cuenta la evidencia existente, y en muchos casos las decisiones tomadas incluso van en sentido opuesto a la evidencia disponible. Por ejemplo, la escasa información disponible y la evidencia internacional no avalan la implementación de las distintas formas de privatización como vía para la mejora de la eficiencia del sistema sanitario.
La crisis puede facilitar la vulnerabilidad de las políticas públicas a la acción de las corporaciones en todos los ámbitos en que éstas ejercen influencia, poniendo en riesgo la implantación de políticas saludables, sobre todo en contextos de reducción del papel y el tamaño de los estados para mejorar la economía.
El Informe concluye señalando: «Para superar los peores efectos de la crisis, conviene que por encima del crecimiento económico como meta de la sociedad se recobre el propósito de mejorar el bienestar de la población, que tiene que ver en buena parte con la salud. Bienestar y salud que se contribuye a promover desde muy diversos sectores sociales, por lo que resulta oportuno introducir la salud en todas las políticas y fomentar políticas intersectoriales. Un planteamiento genuinamente político que hace imprescindible la participación activa del conjunto de la ciudadanía».
Referencia
Imma Cortès-Franch, Beatriz González López-Valcárcel et alia, Crisis económica y salud, Gaceta Sanitaria, Junio 2014, Vol. 28. Núm. S1., Páginas 1-146
Imma Cortès-Franch, Beatriz González López-Valcárcel et alia, Crisis económica y salud, Gaceta Sanitaria, Junio 2014, Vol. 28. Núm. S1., Páginas 1-146