Presentación del informe en Madrid. De izquierda a derecha, tres representantes de TI España: Nefer Ruiz, Jesús Lizcano (presidente) y Jesús Sánchez-Lambás. Fuente: TI.
La ONG Transparencia Internacional ha publicado su último Informe Global de Corrupción, Corrupción en el Deporte, que recoge muchos de los hechos y las causas de numerosas actividades corruptas en torno al deporte a nivel mundial, así como las medidas que se pueden adoptar para disminuir ese alto nivel de corrupción.
En el informe se publica igualmente una encuesta internacional que muestra hasta qué punto los aficionados desconfían de la FIFA, el organismo rector del fútbol a escala planetaria.
“El deporte debe ser una actividad para el bien social en el mundo, pero los últimos escándalos no sólo en el fútbol, sino asimismo en el atletismo y en el tenis, han puesto de manifiesto lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo cual no debe seguir ocurriendo”, manifiesta Cobus de Swardt, director general de Transparency International, en la nota de prensa de ésta.
“La confianza del público en organismos como la FIFA, la Federación Internacional de Atletismo, y el mundo del deporte a nivel internacional sólo será restaurada si las necesarias reformas se llevan a cabo de una forma transparente. Esperamos un cambio real y reversible en esta materia en el año 2016”, señala Gareth Sweeney, coordinador del informe.
El informe hace hincapié en la necesidad de una mayor participación de todos los implicados en el deporte: los aficionados, los deportistas, los patrocinadores de las actividades deportivas, y los ciudadanos de los países y ciudades, especialmente de los que albergan los eventos deportivos.
El documento recoge un amplio conjunto de casos y riesgos de corrupción a través de más de 60 artículos de muy diversos autores pertenecientes, entre otros, el Comité Olímpico Internacional, la Unesco, organismos gubernamentales, organizaciones de deportistas, atletas del pasado y del presente, grupos de aficionados, la sociedad civil, así como académicos y periodistas.
Entre los temas abordados se incluyen: la interferencia política en el fútbol asiático, las tendencias de la corrupción en el deporte de África, los riesgos de corrupción en el mercado de fichajes, los derechos laborales en Qatar, el legado de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil, la financiación de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, la procedencia de los fondos para la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, el control político del fútbol en Hungría, el gobierno y control del cricket en Bangladesh, la propiedad de los clubes de fútbol en el Reino Unido, y la corrupción en los deportes universitarios de Estados Unidos.
España
En el caso de España, el informa analiza la corrupción relacionada con la especulación urbanística. La corrupción, explica el informe, se produce debido al auge inmobiliario vivido en las últimas décadas y la influencia político-social que han ido generando los clubes de fútbol. Esta presión social que genera el fútbol en España llevó a los entes públicos, sobre todo a la Hacienda Pública y Seguridad Social española, a permitir el endeudamiento progresivo de los clubes. Este endeudamiento llegó a ser tan alto que los clubes no podían asumirlo.
La solución vino de la mano de la regulación contenida en la nueva Ley del Deporte (año 1990), que pretendía mejorar la transparencia económica y jurídica de las empresas del deporte profesional. La Ley establecía una “sanción” a los clubes que no tuvieran sus cuentas saneadas, obligándolos a adoptar la forma jurídica de Sociedad Anónima Deportiva (SAD).
En el informe se publica igualmente una encuesta internacional que muestra hasta qué punto los aficionados desconfían de la FIFA, el organismo rector del fútbol a escala planetaria.
“El deporte debe ser una actividad para el bien social en el mundo, pero los últimos escándalos no sólo en el fútbol, sino asimismo en el atletismo y en el tenis, han puesto de manifiesto lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo cual no debe seguir ocurriendo”, manifiesta Cobus de Swardt, director general de Transparency International, en la nota de prensa de ésta.
“La confianza del público en organismos como la FIFA, la Federación Internacional de Atletismo, y el mundo del deporte a nivel internacional sólo será restaurada si las necesarias reformas se llevan a cabo de una forma transparente. Esperamos un cambio real y reversible en esta materia en el año 2016”, señala Gareth Sweeney, coordinador del informe.
El informe hace hincapié en la necesidad de una mayor participación de todos los implicados en el deporte: los aficionados, los deportistas, los patrocinadores de las actividades deportivas, y los ciudadanos de los países y ciudades, especialmente de los que albergan los eventos deportivos.
El documento recoge un amplio conjunto de casos y riesgos de corrupción a través de más de 60 artículos de muy diversos autores pertenecientes, entre otros, el Comité Olímpico Internacional, la Unesco, organismos gubernamentales, organizaciones de deportistas, atletas del pasado y del presente, grupos de aficionados, la sociedad civil, así como académicos y periodistas.
Entre los temas abordados se incluyen: la interferencia política en el fútbol asiático, las tendencias de la corrupción en el deporte de África, los riesgos de corrupción en el mercado de fichajes, los derechos laborales en Qatar, el legado de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil, la financiación de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, la procedencia de los fondos para la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, el control político del fútbol en Hungría, el gobierno y control del cricket en Bangladesh, la propiedad de los clubes de fútbol en el Reino Unido, y la corrupción en los deportes universitarios de Estados Unidos.
España
En el caso de España, el informa analiza la corrupción relacionada con la especulación urbanística. La corrupción, explica el informe, se produce debido al auge inmobiliario vivido en las últimas décadas y la influencia político-social que han ido generando los clubes de fútbol. Esta presión social que genera el fútbol en España llevó a los entes públicos, sobre todo a la Hacienda Pública y Seguridad Social española, a permitir el endeudamiento progresivo de los clubes. Este endeudamiento llegó a ser tan alto que los clubes no podían asumirlo.
La solución vino de la mano de la regulación contenida en la nueva Ley del Deporte (año 1990), que pretendía mejorar la transparencia económica y jurídica de las empresas del deporte profesional. La Ley establecía una “sanción” a los clubes que no tuvieran sus cuentas saneadas, obligándolos a adoptar la forma jurídica de Sociedad Anónima Deportiva (SAD).
El Gobierno negoció con los clubes convertidos devolver la deuda en tramos, acordes a sus circunstancias económicas. En España solo existen cuatro clubes de fútbol que no son SAD (Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna).
La conversión a SAD, que ponía el capital social de los clubes en venta con la emisión de acciones, "unido a la existencia de un modelo urbanístico que fomenta la especulación y no inhibe la corrupción, junto al abuso del poder público descontrolado por la masiva descentralización política, han sido los factores determinantes para llevar a cabo estas prácticas delictivas", señala Transparencia Internacional.
La mayoría de los clubes convertidos en SAD y sus directivas han sido investigados por posible delitos de corrupción o ayudas ilegales desde la vigencia de la Ley 10/1990.
Los empresarios, aupados a la cúspide organizativa de los clubes por la compra de paquetes de acciones, han aprovechado su posición y encontrado soluciones a los problemas de liquidez económica de los clubes con la especulación de terrenos urbanísticos, muchas veces con la participación de organismos públicos.
Recalificación
"Se actuaba sobre suelo rústico o en espacios recalificados para equipamientos y servicios, a través de modificaciones puntuales, que no requieren revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de que por su intensidad y alteración del modelo territorial lo exigiera, por lo tanto podía ser realizado por los Ayuntamientos sin necesidad de supervisión de otro órgano superior".
Mediante esta recalificación, que se desviaba de la esencia de servicio público recogida en la Ley, se construían grandes espacios donde se ubicaban instalaciones deportivas del club a la vez que se construían complejos comerciales a sus alrededores, vendidos a un precio muy superior del valor del suelo antes de su recalificación. Así los clubes obtenían grandes ingresos que servían para sanear su economía, y a su vez, los Ayuntamientos se enriquecían con la recalificación y aumentaban su patrimonio. La burbuja inmobiliaria que atravesó España en las últimas décadas propició un rápido aumento de suelo construible, ya que la especulación y la competencia de los Ayuntamientos lo permitía.
El Ayuntamiento de Murcia recalificó 1 millón de metros cuadrados de terreno rústico, comprados a 3 euros el metro cuadrado y vendidos a 600 euros el metro cuadrado, con una revalorización de 20.000% para el proyecto de construcción de su nuevo estadio, la Nueva Condomina. El Valencia Club de Fútbol también se aprovechó de las recalificaciones, permitiendo al club demoler el estadio de Mestalla, vender el suelo y construir un nuevo campo en una parcela pública que se privatizó.
Hasta la Federación de Fútbol se vio implicada en 1998 en un escándalo de corrupción urbanística por una cesión irregular de 120.000 metros cuadrados de terreno público por parte del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). En 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la ilegalidad de la cesión del suelo público, teniendo la Federación que devolver el terreno al Ayuntamiento.
La construcción de la mayoría de los campos de fútbol en España desde los años 90 ha consistido en ubicar el nuevo estadio a las afueras de la ciudad, en terrenos de escaso valor que son recalificados por los Ayuntamientos. Los clubes de primera y segunda división llegaron a ingresar más de 1.000 millones de euros sólo con los cambios de uso del suelo.
La conversión a SAD, que ponía el capital social de los clubes en venta con la emisión de acciones, "unido a la existencia de un modelo urbanístico que fomenta la especulación y no inhibe la corrupción, junto al abuso del poder público descontrolado por la masiva descentralización política, han sido los factores determinantes para llevar a cabo estas prácticas delictivas", señala Transparencia Internacional.
La mayoría de los clubes convertidos en SAD y sus directivas han sido investigados por posible delitos de corrupción o ayudas ilegales desde la vigencia de la Ley 10/1990.
Los empresarios, aupados a la cúspide organizativa de los clubes por la compra de paquetes de acciones, han aprovechado su posición y encontrado soluciones a los problemas de liquidez económica de los clubes con la especulación de terrenos urbanísticos, muchas veces con la participación de organismos públicos.
Recalificación
"Se actuaba sobre suelo rústico o en espacios recalificados para equipamientos y servicios, a través de modificaciones puntuales, que no requieren revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de que por su intensidad y alteración del modelo territorial lo exigiera, por lo tanto podía ser realizado por los Ayuntamientos sin necesidad de supervisión de otro órgano superior".
Mediante esta recalificación, que se desviaba de la esencia de servicio público recogida en la Ley, se construían grandes espacios donde se ubicaban instalaciones deportivas del club a la vez que se construían complejos comerciales a sus alrededores, vendidos a un precio muy superior del valor del suelo antes de su recalificación. Así los clubes obtenían grandes ingresos que servían para sanear su economía, y a su vez, los Ayuntamientos se enriquecían con la recalificación y aumentaban su patrimonio. La burbuja inmobiliaria que atravesó España en las últimas décadas propició un rápido aumento de suelo construible, ya que la especulación y la competencia de los Ayuntamientos lo permitía.
El Ayuntamiento de Murcia recalificó 1 millón de metros cuadrados de terreno rústico, comprados a 3 euros el metro cuadrado y vendidos a 600 euros el metro cuadrado, con una revalorización de 20.000% para el proyecto de construcción de su nuevo estadio, la Nueva Condomina. El Valencia Club de Fútbol también se aprovechó de las recalificaciones, permitiendo al club demoler el estadio de Mestalla, vender el suelo y construir un nuevo campo en una parcela pública que se privatizó.
Hasta la Federación de Fútbol se vio implicada en 1998 en un escándalo de corrupción urbanística por una cesión irregular de 120.000 metros cuadrados de terreno público por parte del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). En 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la ilegalidad de la cesión del suelo público, teniendo la Federación que devolver el terreno al Ayuntamiento.
La construcción de la mayoría de los campos de fútbol en España desde los años 90 ha consistido en ubicar el nuevo estadio a las afueras de la ciudad, en terrenos de escaso valor que son recalificados por los Ayuntamientos. Los clubes de primera y segunda división llegaron a ingresar más de 1.000 millones de euros sólo con los cambios de uso del suelo.