Fernando Díaz Orueta es profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja y autor de una reciente investigación en la que se ha analizado la evolución de las periferias españolas durante las últimas décadas.
Desde hace 20 años, nos dice Díaz Orueta en la siguiente entrevista, las políticas urbanas se han llevado a cabo fundamentalmente desde la perspectiva de la “competitividad urbana”, considerando el crecimiento económico como objetivo prioritario. Con la llegada de la crisis, estas áreas se han visto especialmente afectadas, y en ellas se está produciendo una pauperización acelerada de sectores cada vez más amplios de las clases medias, así como un deterioro agudo de los equipamientos y servicios urbanos.
Las soluciones: a corto plazo, la aplicación de planes de emergencia social; a largo plazo, sustituir la competencia entre ciudades por la cooperación y el trabajo común entre territorios; frenar la ocupación indiscriminada del suelo; profundizar en la cultura del reciclaje y del uso de energías alternativas o aprovechar socialmente el enorme stock de viviendas vacías para resolver el actual problema de la vivienda, propone Díaz Orueta.
¿En qué situación se encuentran actualmente las periferias urbanas de nuestro país? ¿Cómo les está afectando la crisis económica?
En primer lugar, es necesario precisar que cuando hablamos de periferias urbanas nos estamos refiriendo a una aproximación no tanto espacial (el contorno de las ciudades), como social. Por tanto, las periferias pueden localizarse en diferentes zonas (centrales o periféricas) de las ciudades.
Por otro lado, su delimitación no es estática en el tiempo, sino que se encuentra en un proceso constante de redefinición en función de diferentes variables (políticas, económicas, etc.). Asimismo, no son espacios aislados sino que, al contrario, deben ser entendidas como áreas fuertemente relacionadas con el resto de la ciudad a través de vínculos económicos y sociales.
La crisis, entendida como reconfiguración profunda del capitalismo global, afecta estas áreas de forma destacada. Por ejemplo, en ellas se concentran los mayores porcentajes de población desempleada y subempleada o es también donde tienen lugar con más frecuencia los desahucios.
Asimismo, el desmantelamiento del Estado de bienestar impacta de manera especial sobre unas periferias que tampoco se vieron especialmente favorecidas por el boom económico. Las políticas de ajuste están produciendo una pauperización acelerada de sectores cada vez más amplios de las clases medias y un deterioro agudo de los equipamientos y servicios urbanos, por lo que, previsiblemente, si nada cambia, las áreas consideradas socialmente periféricas crecerán en los próximos años.
¿Por qué las nuevas políticas urbanas han dejado de dar a las periferias una atención prioritaria? ¿Cuáles son ahora las prioridades políticas, en lo que a planificación urbana se refiere?
Desde hace dos décadas, aunque con mayor o menor intensidad según las ciudades, las políticas urbanas experimentaron un giro importante en España, en línea con lo sucedido en otros países europeos. Las políticas urbanas de naturaleza redistributiva pasaron a ocupar un segundo plano siendo sustituidas paulatinamente por otra orientación centrada fundamentalmente en la denominada competitividad urbana.
El gobierno de las ciudades se vio permeado por un discurso abiertamente neoliberal que consideraba el crecimiento económico como un objetivo prioritario de la mano del cuál vendría el empleo y el bienestar de la ciudadanía.
Desde esta óptica, la actuación del Estado se debía centrar fundamentalmente en facilitar las condiciones para la atracción de inversiones en un marco internacional de ciudades que compiten entre sí. A pesar del enorme impacto destructivo generado por la crisis del capitalismo global, esta perspectiva no se ha visto modificada sino que, al contrario, las medidas adoptadas desde 2008 hasta estos primeros meses de 2103 han acentuado todavía más sus efectos negativos.
En el marco de esta nueva estrategia, la planificación urbana fue (y es) una herramienta importante. La planificación se ha reformulado notablemente pasando a convertirse en un mecanismo esencial al servicio de las nuevas políticas urbanas. El discurso neoliberal defiende una planificación flexible que permita en cada momento dar juego a los proyectos empresariales que garanticen el posicionamiento más favorable de los territorios en la economía urbana global.
Así se justifican modificaciones sustanciales del planeamiento como la planteada actualmente para permitir la instalación de EUROVEGAS en la Comunidad de Madrid. Los megaproyectos urbanos y, asociados a ellos en no pocas ocasiones, los grandes eventos (Olimpiadas, Exposiciones Universales, etc.), son un claro exponente de las nuevas políticas urbanas.
De hecho, en los planes de ordenación urbana, se observan grandes diferencias entre los principios y objetivos de la generación de aquellos redactados en la primera mitad de los años ochenta y los de elaboración más reciente. Estas tendencias se vieron reforzadas por el impulso de instrumentos de planificación al servicio de esa nueva visión del desarrollo urbano.
¿Cuál es el estado de los servicios en las periferias urbanas de España?
Durante el periodo del último boom económico, en numerosas ciudades españolas no se prestó una atención prioritaria a los espacios periféricos. A pesar de ello, y teniendo en cuenta la fuerte inversión que se había realizado en los años posteriores a las elecciones municipales de 1979, las primeras después del franquismo, el panorama global mantenía unos estándares básicos aceptables, aunque con acusadas diferencias entre ciudades.
Sin embargo, desde 2008 la profundización de las políticas de ajuste y los recortes generalizados han afectado de forma muy profunda la prestación de servicios básicos y el funcionamiento de equipamientos fundamentales. La enseñanza y la sanidad públicas son dos de los ámbitos más golpeados, pero también lo están siendo los servicios sociales y otras prestaciones de índole cultural (bibliotecas públicas, centros culturales, etc.) o deportivo (polideportivos, etc.)
Con frecuencia los precios del transporte colectivo, especialmente importante en las ciudades de mayor tamaño, se han encarecido notablemente. Uno de los ejemplos más preocupantes es el de Madrid, región en la que en un lapso breve de tiempo han tenido lugar varios aumentos consecutivos de tarifa. En los años del boom inmobiliario miles de personas establecieron su residencia en áreas periféricas buscando una vivienda de precio asequible.
En la actualidad, la movilidad espacial de los habitantes de estas zonas se ve muy afectada por el encarecimiento de los precios del transporte. Asimismo, algunas infraestructuras básicas de transporte colectivo se han visto paralizadas como consecuencia de las políticas de ajuste. Así ocurre con la línea 2 del tranvía que uniría las localidades de Alicante y San Vicente del Raspeig, obra finalizada hace dos años pero que a día de hoy todavía no ha entrado en funcionamiento.
Desde hace 20 años, nos dice Díaz Orueta en la siguiente entrevista, las políticas urbanas se han llevado a cabo fundamentalmente desde la perspectiva de la “competitividad urbana”, considerando el crecimiento económico como objetivo prioritario. Con la llegada de la crisis, estas áreas se han visto especialmente afectadas, y en ellas se está produciendo una pauperización acelerada de sectores cada vez más amplios de las clases medias, así como un deterioro agudo de los equipamientos y servicios urbanos.
Las soluciones: a corto plazo, la aplicación de planes de emergencia social; a largo plazo, sustituir la competencia entre ciudades por la cooperación y el trabajo común entre territorios; frenar la ocupación indiscriminada del suelo; profundizar en la cultura del reciclaje y del uso de energías alternativas o aprovechar socialmente el enorme stock de viviendas vacías para resolver el actual problema de la vivienda, propone Díaz Orueta.
¿En qué situación se encuentran actualmente las periferias urbanas de nuestro país? ¿Cómo les está afectando la crisis económica?
En primer lugar, es necesario precisar que cuando hablamos de periferias urbanas nos estamos refiriendo a una aproximación no tanto espacial (el contorno de las ciudades), como social. Por tanto, las periferias pueden localizarse en diferentes zonas (centrales o periféricas) de las ciudades.
Por otro lado, su delimitación no es estática en el tiempo, sino que se encuentra en un proceso constante de redefinición en función de diferentes variables (políticas, económicas, etc.). Asimismo, no son espacios aislados sino que, al contrario, deben ser entendidas como áreas fuertemente relacionadas con el resto de la ciudad a través de vínculos económicos y sociales.
La crisis, entendida como reconfiguración profunda del capitalismo global, afecta estas áreas de forma destacada. Por ejemplo, en ellas se concentran los mayores porcentajes de población desempleada y subempleada o es también donde tienen lugar con más frecuencia los desahucios.
Asimismo, el desmantelamiento del Estado de bienestar impacta de manera especial sobre unas periferias que tampoco se vieron especialmente favorecidas por el boom económico. Las políticas de ajuste están produciendo una pauperización acelerada de sectores cada vez más amplios de las clases medias y un deterioro agudo de los equipamientos y servicios urbanos, por lo que, previsiblemente, si nada cambia, las áreas consideradas socialmente periféricas crecerán en los próximos años.
¿Por qué las nuevas políticas urbanas han dejado de dar a las periferias una atención prioritaria? ¿Cuáles son ahora las prioridades políticas, en lo que a planificación urbana se refiere?
Desde hace dos décadas, aunque con mayor o menor intensidad según las ciudades, las políticas urbanas experimentaron un giro importante en España, en línea con lo sucedido en otros países europeos. Las políticas urbanas de naturaleza redistributiva pasaron a ocupar un segundo plano siendo sustituidas paulatinamente por otra orientación centrada fundamentalmente en la denominada competitividad urbana.
El gobierno de las ciudades se vio permeado por un discurso abiertamente neoliberal que consideraba el crecimiento económico como un objetivo prioritario de la mano del cuál vendría el empleo y el bienestar de la ciudadanía.
Desde esta óptica, la actuación del Estado se debía centrar fundamentalmente en facilitar las condiciones para la atracción de inversiones en un marco internacional de ciudades que compiten entre sí. A pesar del enorme impacto destructivo generado por la crisis del capitalismo global, esta perspectiva no se ha visto modificada sino que, al contrario, las medidas adoptadas desde 2008 hasta estos primeros meses de 2103 han acentuado todavía más sus efectos negativos.
En el marco de esta nueva estrategia, la planificación urbana fue (y es) una herramienta importante. La planificación se ha reformulado notablemente pasando a convertirse en un mecanismo esencial al servicio de las nuevas políticas urbanas. El discurso neoliberal defiende una planificación flexible que permita en cada momento dar juego a los proyectos empresariales que garanticen el posicionamiento más favorable de los territorios en la economía urbana global.
Así se justifican modificaciones sustanciales del planeamiento como la planteada actualmente para permitir la instalación de EUROVEGAS en la Comunidad de Madrid. Los megaproyectos urbanos y, asociados a ellos en no pocas ocasiones, los grandes eventos (Olimpiadas, Exposiciones Universales, etc.), son un claro exponente de las nuevas políticas urbanas.
De hecho, en los planes de ordenación urbana, se observan grandes diferencias entre los principios y objetivos de la generación de aquellos redactados en la primera mitad de los años ochenta y los de elaboración más reciente. Estas tendencias se vieron reforzadas por el impulso de instrumentos de planificación al servicio de esa nueva visión del desarrollo urbano.
¿Cuál es el estado de los servicios en las periferias urbanas de España?
Durante el periodo del último boom económico, en numerosas ciudades españolas no se prestó una atención prioritaria a los espacios periféricos. A pesar de ello, y teniendo en cuenta la fuerte inversión que se había realizado en los años posteriores a las elecciones municipales de 1979, las primeras después del franquismo, el panorama global mantenía unos estándares básicos aceptables, aunque con acusadas diferencias entre ciudades.
Sin embargo, desde 2008 la profundización de las políticas de ajuste y los recortes generalizados han afectado de forma muy profunda la prestación de servicios básicos y el funcionamiento de equipamientos fundamentales. La enseñanza y la sanidad públicas son dos de los ámbitos más golpeados, pero también lo están siendo los servicios sociales y otras prestaciones de índole cultural (bibliotecas públicas, centros culturales, etc.) o deportivo (polideportivos, etc.)
Con frecuencia los precios del transporte colectivo, especialmente importante en las ciudades de mayor tamaño, se han encarecido notablemente. Uno de los ejemplos más preocupantes es el de Madrid, región en la que en un lapso breve de tiempo han tenido lugar varios aumentos consecutivos de tarifa. En los años del boom inmobiliario miles de personas establecieron su residencia en áreas periféricas buscando una vivienda de precio asequible.
En la actualidad, la movilidad espacial de los habitantes de estas zonas se ve muy afectada por el encarecimiento de los precios del transporte. Asimismo, algunas infraestructuras básicas de transporte colectivo se han visto paralizadas como consecuencia de las políticas de ajuste. Así ocurre con la línea 2 del tranvía que uniría las localidades de Alicante y San Vicente del Raspeig, obra finalizada hace dos años pero que a día de hoy todavía no ha entrado en funcionamiento.
Usted propone gestionar las periferias aplicando nuevos modelos urbanos, ¿qué modelos podrían tomarse como referencia?
La actuación en las periferias no puede desligarse de los procesos globales. Por ejemplo, las sucesivas reformas laborales, del sistema de pensiones, los recortes en las prestaciones por desempleo o la reducción de derechos de la población inmigrante, impactan muy negativamente en estas áreas puesto que en ellas se concentra una parte importante de la población más afectada por dichas medidas.
Por tanto, no cabe imaginar una respuesta para las periferias exclusivamente sustentada en propuestas urbanísticas. Es preciso ir más allá, avanzando hacia un modelo socio-económico diferente que frene el aumento de las desigualdades sociales, dejando atrás el paradigma del crecimiento económico ilimitado. En caso contrario, el impacto de las acciones emprendidas desde el ámbito urbano será muy escaso.
Sin olvidar este dato básico de partida, es posible poner en práctica numerosas medidas desde el espacio local que modifiquen sustancialmente el modelo de ciudad heredado de la última etapa desarrollista. Conceptos como la competencia entre ciudades deberían sustituirse por la cooperación y el trabajo común entre territorios.
Las políticas orientadas a diseñar ciudades atractivas para sectores sociales de altas rentas tendrían que dejar paso a otras en las que el objetivo prioritario sea asegurar el derecho a la ciudad de toda la población y la disminución de las desigualdades sociales. En ese sentido, la recuperación de la inversión pública en los servicios y equipamientos básicos, así como en los servicios sociales resulta fundamental. Los servicios básicos esenciales deberían volver paulatinamente a manos públicas, poniendo freno al proceso de desposesión que ha significado la política de privatizaciones de las dos décadas anteriores.
Asimismo, es preciso frenar la ocupación indiscriminada del suelo que ha alcanzado niveles insostenibles en varias comunidades autónomas. Dicha ocupación masiva no se deriva tan solo de la construcción de decenas de miles de viviendas, muchas de las cuáles por cierto hoy permanecen vacías, sino de las grandes infraestructuras de transporte (autopistas, aeropuertos, etc.), los polígonos industriales faraónicos, etc.
En numerosas ocasiones todo ello ha supuesto la pérdida de hábitats de un gran valor ecológico y, además, en la actualidad altos costes de mantenimiento para unos ayuntamientos asfixiados por la falta de financiación y el endeudamiento. La prioridad es intervenir en la ciudad construida, desterrando la idea del crecimiento indiscriminado, promoviendo pequeñas intervenciones con un alto contenido social y que dejen atrás el modelo de los megaproyectos urbanos de la etapa anterior. En ese sentido, las anunciadas reformas liberalizadoras en las legislaciones del suelo y de costas son noticias alarmantes.
En el ámbito de los residuos resulta necesario profundizar en la cultura del reciclaje, reforzando aquellos procedimientos de recogida y aprovechamiento de residuos que resulten menos lesivos desde el punto de vista medioambiental.
Asimismo, es preciso tomar medidas que promuevan un menor consumo energético y la utilización de energías alternativas, disminuyendo progresivamente la dependencia de las energías de origen fósil. Por ello, debe apostarse con mayor intensidad por las formas de movilidad que reduzcan el uso del automóvil privado, favoreciendo el transporte colectivo, el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales.
El problema de la vivienda debe recuperar la centralidad. Pero no para justificar la construcción de nuevas viviendas sino para aprovechar socialmente el enorme stock de viviendas vacías, promoviendo un parque público de vivienda en alquiler, a la vez que se modifica una legislación hipotecaria que supone una amenaza sobre el presente y el futuro de cientos de miles de personas.
Debe pensarse también en dar un uso social a numerosos espacios que, como consecuencia de la crisis, han quedado abandonados. Los gobiernos locales pueden jugar un papel importante, apoyando iniciativas sociales para la utilización de ciertos solares como plazas o huertos urbanos o de antiguos edificios industriales como centros de actividad cultural múltiple en los que pueden confluir grupos de naturaleza muy diversa. Asimismo, estos espacios resultan un ámbito particularmente adecuado para la puesta práctica de nuevas experiencias cooperativas, ligadas por ejemplo a la producción agroecológica, el consumo responsable, etc., o la experimentación de otras formas alternativas de trabajo.
Desde un punto de vista más amplio, la participación ciudadana en la definición de los nuevos modelos urbanos resulta decisiva, tanto en experiencias acotadas a pequeñas piezas urbanas, como en la discusión global sobre el presente y el futuro de las ciudades.
¿Qué líneas de actuación a corto plazo podrían aplicarse para mejorar la situación de las periferias urbanas?
En el corto plazo son necesarias medidas que actúen urgentemente sobre las consecuencias más negativas derivadas de las políticas de ajuste. A estas alturas la intensidad de los problemas en numerosos barrios es tal (pobreza extrema, desempleo masivo, desahucios, etc.) que sería preciso emprender programas de emergencia social que contasen con una dotación presupuestaria pública especial y la participación del tejido social.
Por otro lado, debería recuperarse la inversión que, aunque insuficiente, venía produciéndose a través de diversas figuras de intervención integral y que se ha visto muy mermada en los últimos años (por ejemplo, las actuaciones derivadas de la Llei de Barris catalana).
A largo plazo, la transición hacia los nuevos modelos antes mencionados ayudarían a reducir progresivamente las diferencias entre áreas centrales y periféricas.
¿Podríamos encontrar en hechos o acciones del pasado soluciones para el momento que atraviesan actualmente las periferias?
Aunque la situación actual presenta diferencias muy importantes respecto a otras anteriores, sí podrían rescatarse, por ejemplo, algunas experiencias vividas en los años de la transición política. En aquellos momentos en numerosas ciudades españolas el movimiento ciudadano fue capaz de situar como prioridad de las nuevas agendas locales la intervención pública en las periferias urbanas.
A pesar de tratarse de un tiempo de crisis económica, la movilización ciudadana consiguió que se produjese una fuerte inversión en dichas zonas, mejorando notablemente las condiciones de vida de millones de personas que habitaban unos barrios olvidados durante décadas. En esa línea, puede recordarse la operación de remodelación de barrios, actuación que significó una masiva intervención pública centrada en la vivienda. Esta acción supuso una notable modificación de la estructura socio-espacial que afectó a numerosos barrios de la periferia urbana madrileña.
Usted afirma que ciertos procesos de auto-organización y movilización ya existentes podrían desempeñar un papel de ruptura muy importante en los procesos de exclusión social en las periferias, ¿a qué procesos se refiere? ¿Y cuál sería el rol que dichos procesos podrían jugar en la actualidad?
En los últimos años se ha producido una revitalización de los movimientos sociales ligados no sólo a la reivindicación de una urgente regeneración democrática, sino también a la respuesta a los recortes derivados de las políticas de ajuste. Por ejemplo, las diversas mareas (blanca, verde, naranja, etc.), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas de barrio surgidas al calor del 15M, las asociaciones de vecinos o también diversas experiencias de producción y consumo alternativo, etc., plantean iniciativas ciudadanas con un contenido claramente alternativo.
Asimismo, estos grupos están cumpliendo un papel muy importante de articulación ciudadana y participación cívica, en un contexto de deslegitimación creciente del sistema político.
Muchas de estas iniciativas cuentan con un fuerte enraizamiento barrial. Por ejemplo, recientemente tenía lugar en Usera, la llamada Marcha de los siete barrios en la que participaron cientos de vecinos residentes en este distrito madrileño. Organizaciones de diverso tipo, con una significativa participación vecinal, elaboraron un decálogo de las reivindicaciones más urgentes de un espacio fuertemente castigado por la actual situación económica.
La actuación en las periferias no puede desligarse de los procesos globales. Por ejemplo, las sucesivas reformas laborales, del sistema de pensiones, los recortes en las prestaciones por desempleo o la reducción de derechos de la población inmigrante, impactan muy negativamente en estas áreas puesto que en ellas se concentra una parte importante de la población más afectada por dichas medidas.
Por tanto, no cabe imaginar una respuesta para las periferias exclusivamente sustentada en propuestas urbanísticas. Es preciso ir más allá, avanzando hacia un modelo socio-económico diferente que frene el aumento de las desigualdades sociales, dejando atrás el paradigma del crecimiento económico ilimitado. En caso contrario, el impacto de las acciones emprendidas desde el ámbito urbano será muy escaso.
Sin olvidar este dato básico de partida, es posible poner en práctica numerosas medidas desde el espacio local que modifiquen sustancialmente el modelo de ciudad heredado de la última etapa desarrollista. Conceptos como la competencia entre ciudades deberían sustituirse por la cooperación y el trabajo común entre territorios.
Las políticas orientadas a diseñar ciudades atractivas para sectores sociales de altas rentas tendrían que dejar paso a otras en las que el objetivo prioritario sea asegurar el derecho a la ciudad de toda la población y la disminución de las desigualdades sociales. En ese sentido, la recuperación de la inversión pública en los servicios y equipamientos básicos, así como en los servicios sociales resulta fundamental. Los servicios básicos esenciales deberían volver paulatinamente a manos públicas, poniendo freno al proceso de desposesión que ha significado la política de privatizaciones de las dos décadas anteriores.
Asimismo, es preciso frenar la ocupación indiscriminada del suelo que ha alcanzado niveles insostenibles en varias comunidades autónomas. Dicha ocupación masiva no se deriva tan solo de la construcción de decenas de miles de viviendas, muchas de las cuáles por cierto hoy permanecen vacías, sino de las grandes infraestructuras de transporte (autopistas, aeropuertos, etc.), los polígonos industriales faraónicos, etc.
En numerosas ocasiones todo ello ha supuesto la pérdida de hábitats de un gran valor ecológico y, además, en la actualidad altos costes de mantenimiento para unos ayuntamientos asfixiados por la falta de financiación y el endeudamiento. La prioridad es intervenir en la ciudad construida, desterrando la idea del crecimiento indiscriminado, promoviendo pequeñas intervenciones con un alto contenido social y que dejen atrás el modelo de los megaproyectos urbanos de la etapa anterior. En ese sentido, las anunciadas reformas liberalizadoras en las legislaciones del suelo y de costas son noticias alarmantes.
En el ámbito de los residuos resulta necesario profundizar en la cultura del reciclaje, reforzando aquellos procedimientos de recogida y aprovechamiento de residuos que resulten menos lesivos desde el punto de vista medioambiental.
Asimismo, es preciso tomar medidas que promuevan un menor consumo energético y la utilización de energías alternativas, disminuyendo progresivamente la dependencia de las energías de origen fósil. Por ello, debe apostarse con mayor intensidad por las formas de movilidad que reduzcan el uso del automóvil privado, favoreciendo el transporte colectivo, el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales.
El problema de la vivienda debe recuperar la centralidad. Pero no para justificar la construcción de nuevas viviendas sino para aprovechar socialmente el enorme stock de viviendas vacías, promoviendo un parque público de vivienda en alquiler, a la vez que se modifica una legislación hipotecaria que supone una amenaza sobre el presente y el futuro de cientos de miles de personas.
Debe pensarse también en dar un uso social a numerosos espacios que, como consecuencia de la crisis, han quedado abandonados. Los gobiernos locales pueden jugar un papel importante, apoyando iniciativas sociales para la utilización de ciertos solares como plazas o huertos urbanos o de antiguos edificios industriales como centros de actividad cultural múltiple en los que pueden confluir grupos de naturaleza muy diversa. Asimismo, estos espacios resultan un ámbito particularmente adecuado para la puesta práctica de nuevas experiencias cooperativas, ligadas por ejemplo a la producción agroecológica, el consumo responsable, etc., o la experimentación de otras formas alternativas de trabajo.
Desde un punto de vista más amplio, la participación ciudadana en la definición de los nuevos modelos urbanos resulta decisiva, tanto en experiencias acotadas a pequeñas piezas urbanas, como en la discusión global sobre el presente y el futuro de las ciudades.
¿Qué líneas de actuación a corto plazo podrían aplicarse para mejorar la situación de las periferias urbanas?
En el corto plazo son necesarias medidas que actúen urgentemente sobre las consecuencias más negativas derivadas de las políticas de ajuste. A estas alturas la intensidad de los problemas en numerosos barrios es tal (pobreza extrema, desempleo masivo, desahucios, etc.) que sería preciso emprender programas de emergencia social que contasen con una dotación presupuestaria pública especial y la participación del tejido social.
Por otro lado, debería recuperarse la inversión que, aunque insuficiente, venía produciéndose a través de diversas figuras de intervención integral y que se ha visto muy mermada en los últimos años (por ejemplo, las actuaciones derivadas de la Llei de Barris catalana).
A largo plazo, la transición hacia los nuevos modelos antes mencionados ayudarían a reducir progresivamente las diferencias entre áreas centrales y periféricas.
¿Podríamos encontrar en hechos o acciones del pasado soluciones para el momento que atraviesan actualmente las periferias?
Aunque la situación actual presenta diferencias muy importantes respecto a otras anteriores, sí podrían rescatarse, por ejemplo, algunas experiencias vividas en los años de la transición política. En aquellos momentos en numerosas ciudades españolas el movimiento ciudadano fue capaz de situar como prioridad de las nuevas agendas locales la intervención pública en las periferias urbanas.
A pesar de tratarse de un tiempo de crisis económica, la movilización ciudadana consiguió que se produjese una fuerte inversión en dichas zonas, mejorando notablemente las condiciones de vida de millones de personas que habitaban unos barrios olvidados durante décadas. En esa línea, puede recordarse la operación de remodelación de barrios, actuación que significó una masiva intervención pública centrada en la vivienda. Esta acción supuso una notable modificación de la estructura socio-espacial que afectó a numerosos barrios de la periferia urbana madrileña.
Usted afirma que ciertos procesos de auto-organización y movilización ya existentes podrían desempeñar un papel de ruptura muy importante en los procesos de exclusión social en las periferias, ¿a qué procesos se refiere? ¿Y cuál sería el rol que dichos procesos podrían jugar en la actualidad?
En los últimos años se ha producido una revitalización de los movimientos sociales ligados no sólo a la reivindicación de una urgente regeneración democrática, sino también a la respuesta a los recortes derivados de las políticas de ajuste. Por ejemplo, las diversas mareas (blanca, verde, naranja, etc.), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas de barrio surgidas al calor del 15M, las asociaciones de vecinos o también diversas experiencias de producción y consumo alternativo, etc., plantean iniciativas ciudadanas con un contenido claramente alternativo.
Asimismo, estos grupos están cumpliendo un papel muy importante de articulación ciudadana y participación cívica, en un contexto de deslegitimación creciente del sistema político.
Muchas de estas iniciativas cuentan con un fuerte enraizamiento barrial. Por ejemplo, recientemente tenía lugar en Usera, la llamada Marcha de los siete barrios en la que participaron cientos de vecinos residentes en este distrito madrileño. Organizaciones de diverso tipo, con una significativa participación vecinal, elaboraron un decálogo de las reivindicaciones más urgentes de un espacio fuertemente castigado por la actual situación económica.
Fernando Díaz Orueta.
¿Qué relación tienen la corrupción política y la desconfianza hacia los políticos con la degradación de las periferias urbanas? ¿Qué remedio podría tener esta situación, en un contexto de hastío generalizado y paralizante?
Desde la perspectiva ciudadana, el abandono de las periferias urbanas genera una gran indignación máxime cuando, simultáneamente, se asiste al espectáculo de la aparición casi diaria de nuevos casos de corrupción política y el conocimiento de la dilapidación de recursos públicos. Indudablemente estos hechos acentúan notablemente el profundo proceso de deslegitimación del actual régimen político.
Se ha abierto una enorme brecha social y política que se agrava cotidianamente con la violencia que supone, por ejemplo, el desempleo creciente o los nuevos desahucios. La indignación se ha desbordado dando paso al convencimiento de que de esta situación sólo se saldrá con un profundo giro socio-económico y una drástica regeneración democrática en la que los actuales líderes políticos e institucionales ocuparán en el mejor de los casos, un papel residual.
Usted ha descrito la tendencia que siguen las periferias españolas en la actualidad como “norteamericanización” ¿A qué se refiere?
En décadas pasadas, y en líneas generales, en las ciudades de Estados Unidos la segregación urbana se manifestaba con mayor virulencia que en las europeas. En los guetos de las ciudades norteamericanas se produce una separación forzada de la población que los habita, no sólo en lo que respecta a la vivienda, sino también a la escuela, el empleo, los servicios públicos y las posibilidades de representación política.
Hasta la fecha, las periferias españolas sólo en casos muy excepcionales habían alcanzado situaciones equiparables a las existentes en Estados Unidos. Sin embargo, de mantenerse las políticas actuales, en los próximos años asistiremos a una agudización de las formas más extremas de segregación urbana ligadas a la pobreza. Resulta urgente intervenir antes de que esas situaciones pudieran producirse y consolidarse.
¿Qué país cree que podría servirnos de ejemplo como alternativa en este sentido?
No me parece posible hablar de un país en concreto que pudiera servir globalmente como una alternativa a seguir. Es cierto que, a contracorriente de lo defendido desde el ámbito europeo y los gobiernos nacionales, algunas administraciones regionales y locales vienen planteando otros discursos económicos y territoriales y, en consecuencia, tratan de impulsar otras políticas.
Los márgenes de actuación, aunque reducidos existen y son susceptibles de ser utilizados en uno u otro sentido. La mejor prueba de la existencia de esos márgenes son las grandes diferencias que pueden encontrarse entre las ciudades españolas.
Pensando en el futuro, la nueva agenda urbana, una agenda que debe resultar favorable a las periferias urbanas, tendría que elaborarse contando con la participación de una red asociativa cada día más densa. Su revitalización es quizás la mejor noticia de los últimos años en nuestras ciudades puesto que aporta una energía democrática y un deseo de participación que contribuirá decisivamente a la construcción de nuevas prácticas que superen definitivamente un modelo urbano agotado.
Desde la perspectiva ciudadana, el abandono de las periferias urbanas genera una gran indignación máxime cuando, simultáneamente, se asiste al espectáculo de la aparición casi diaria de nuevos casos de corrupción política y el conocimiento de la dilapidación de recursos públicos. Indudablemente estos hechos acentúan notablemente el profundo proceso de deslegitimación del actual régimen político.
Se ha abierto una enorme brecha social y política que se agrava cotidianamente con la violencia que supone, por ejemplo, el desempleo creciente o los nuevos desahucios. La indignación se ha desbordado dando paso al convencimiento de que de esta situación sólo se saldrá con un profundo giro socio-económico y una drástica regeneración democrática en la que los actuales líderes políticos e institucionales ocuparán en el mejor de los casos, un papel residual.
Usted ha descrito la tendencia que siguen las periferias españolas en la actualidad como “norteamericanización” ¿A qué se refiere?
En décadas pasadas, y en líneas generales, en las ciudades de Estados Unidos la segregación urbana se manifestaba con mayor virulencia que en las europeas. En los guetos de las ciudades norteamericanas se produce una separación forzada de la población que los habita, no sólo en lo que respecta a la vivienda, sino también a la escuela, el empleo, los servicios públicos y las posibilidades de representación política.
Hasta la fecha, las periferias españolas sólo en casos muy excepcionales habían alcanzado situaciones equiparables a las existentes en Estados Unidos. Sin embargo, de mantenerse las políticas actuales, en los próximos años asistiremos a una agudización de las formas más extremas de segregación urbana ligadas a la pobreza. Resulta urgente intervenir antes de que esas situaciones pudieran producirse y consolidarse.
¿Qué país cree que podría servirnos de ejemplo como alternativa en este sentido?
No me parece posible hablar de un país en concreto que pudiera servir globalmente como una alternativa a seguir. Es cierto que, a contracorriente de lo defendido desde el ámbito europeo y los gobiernos nacionales, algunas administraciones regionales y locales vienen planteando otros discursos económicos y territoriales y, en consecuencia, tratan de impulsar otras políticas.
Los márgenes de actuación, aunque reducidos existen y son susceptibles de ser utilizados en uno u otro sentido. La mejor prueba de la existencia de esos márgenes son las grandes diferencias que pueden encontrarse entre las ciudades españolas.
Pensando en el futuro, la nueva agenda urbana, una agenda que debe resultar favorable a las periferias urbanas, tendría que elaborarse contando con la participación de una red asociativa cada día más densa. Su revitalización es quizás la mejor noticia de los últimos años en nuestras ciudades puesto que aporta una energía democrática y un deseo de participación que contribuirá decisivamente a la construcción de nuevas prácticas que superen definitivamente un modelo urbano agotado.