Imagen: FirmBee. Fuente: Pixabay.
En 2014, ante la irrupción de plataformas de economía colaborativa y su efecto en determinados sectores de actividad, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña inició una valoración de este fenómeno económico nuevo. Se la encargó al Departamento de Empresa y Ocupación y al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
Hace unos días, el pasado 5 de abril, el Govern ha aprobado además el ACUERDO GOV/44/2016 para el desarrollo de la economía colaborativa en Cataluña; así como la creación de una comisión interdepartamental que analizará la ley vigente, sector por sector, para habilitar un nuevo marco jurídico para este tipo de economía.
La comisión también hará de interlocutora entre la Administración y todos los agentes implicados en actividades de economía colaborativa, incluidos los usuarios.
Cataluña se suma así a la lista de países europeos -como el Reino Unido, Francia, Italia o los Países Bajos- que ya han empezado a tomar la delantera aprobando iniciativas reguladoras y políticas públicas que contemplan esta nueva realidad.
Hace unos días, el pasado 5 de abril, el Govern ha aprobado además el ACUERDO GOV/44/2016 para el desarrollo de la economía colaborativa en Cataluña; así como la creación de una comisión interdepartamental que analizará la ley vigente, sector por sector, para habilitar un nuevo marco jurídico para este tipo de economía.
La comisión también hará de interlocutora entre la Administración y todos los agentes implicados en actividades de economía colaborativa, incluidos los usuarios.
Cataluña se suma así a la lista de países europeos -como el Reino Unido, Francia, Italia o los Países Bajos- que ya han empezado a tomar la delantera aprobando iniciativas reguladoras y políticas públicas que contemplan esta nueva realidad.
Objetivo final: un código de buenas prácticas
La estrategia general comprendida en el nuevo acuerdo implica tratar la economía colaborativa sector por sector, incluyendo cada actividad que se encuadre en ella dentro de su regulación sectorial correspondiente (el turismo, en la regulación de este sector; el transporte en la del suyo, etc.)
A lo largo del próximo año, además, se revisarán y adaptarán las normativas sectoriales; y la comisión interdepartamental preparará un informe detallado con propuestas a desarrollar.
Dicho informe se presentará en sede parlamentaria. Sus ejes básicos serán las características que definen la economía colaborativa y los factores clave de su desarrollo; la implantación de la economía colaborativa en Cataluña; las obligaciones de las plataformas conectoras de oferta y demanda como intermediarias de la transacción; y el análisis de las medidas adoptadas por otros países y por las instituciones de la Unión Europea. Todo este proceso culminará con la creación de un código de buenas prácticas de la economía colaborativa en Cataluña.
Las plataformas en relación con la Administración
Lo primero que va a revisarse será, según el acuerdo, publicado por Presidencia, el sector turístico y la movilidad. Esto se debe a que estos son los sectores en los que la economía colaborativa ha irrumpido con más fuerza y, por tanto, “son los más afectados” por las nuevas prácticas.
Por otra parte, se van a promover acuerdos de colaboración entre la Administración y las plataformas de economía colaborativa, cuyo objetivo será potenciar la seguridad de los usuarios, en materia de información y transparencia.
Este punto es importante pues, tal como señaló en febrero Sharing España la transparencia es una necesidad y ha de ser parte de las buenas prácticas que se precisan en el campo de la economía colaborativa.
El paso que ha dado Cataluña es importante porque la regulación legal es uno de los escollos de la economía colaborativa. Los especialistas prevén que solo con conocimiento y políticas innovadoras podrá garantizarse una óptima implantación de este tipo de economía.
La estrategia general comprendida en el nuevo acuerdo implica tratar la economía colaborativa sector por sector, incluyendo cada actividad que se encuadre en ella dentro de su regulación sectorial correspondiente (el turismo, en la regulación de este sector; el transporte en la del suyo, etc.)
A lo largo del próximo año, además, se revisarán y adaptarán las normativas sectoriales; y la comisión interdepartamental preparará un informe detallado con propuestas a desarrollar.
Dicho informe se presentará en sede parlamentaria. Sus ejes básicos serán las características que definen la economía colaborativa y los factores clave de su desarrollo; la implantación de la economía colaborativa en Cataluña; las obligaciones de las plataformas conectoras de oferta y demanda como intermediarias de la transacción; y el análisis de las medidas adoptadas por otros países y por las instituciones de la Unión Europea. Todo este proceso culminará con la creación de un código de buenas prácticas de la economía colaborativa en Cataluña.
Las plataformas en relación con la Administración
Lo primero que va a revisarse será, según el acuerdo, publicado por Presidencia, el sector turístico y la movilidad. Esto se debe a que estos son los sectores en los que la economía colaborativa ha irrumpido con más fuerza y, por tanto, “son los más afectados” por las nuevas prácticas.
Por otra parte, se van a promover acuerdos de colaboración entre la Administración y las plataformas de economía colaborativa, cuyo objetivo será potenciar la seguridad de los usuarios, en materia de información y transparencia.
Este punto es importante pues, tal como señaló en febrero Sharing España la transparencia es una necesidad y ha de ser parte de las buenas prácticas que se precisan en el campo de la economía colaborativa.
El paso que ha dado Cataluña es importante porque la regulación legal es uno de los escollos de la economía colaborativa. Los especialistas prevén que solo con conocimiento y políticas innovadoras podrá garantizarse una óptima implantación de este tipo de economía.