Después de que el pasado diciembre Francia obligara a los agentes de la economía colaborativa a cotizar a la seguridad social, Bélgica acaba de establecer que los ingresos proporcionados por los usuarios a las plataformas Airbnb, Uber y otras, estarán sometidos a una retención fiscal a partir del próximo mes de marzo.
La retención será del 10% del importe bruto devengado y se carga sobre cada ingreso que haya sido pagado a la plataforma colaborativa, informa L’Echo. El Gobierno belga espera recaudar por este sistema unos 20 millones de euros.
La retención funcionará de la siguiente forma. Si un usuario belga contrata a Airbnb un apartamento por 30 euros, la plataforma destinará el 10% de este importe al fisco belga.
El diario económico informa también de que este impuesto no dejará indiferente al sector, ya que es posible que los precios ofertados en la actualidad por las diferentes plataformas de la economía colaborativa puedan subir para compensar el impacto fiscal sobre la economía de los diferentes agentes.
Otra consecuencia derivada de esta situación, según el citado diario, puede ser la contracción de la demanda de viajeros y usuarios de estas plataformas, cuya oferta será desde ahora menos atractiva.
Expertos citados por el diario belga se preguntan incluso si este gravamen sobre los servicios colaborativos corre el peligro de frenar la emergencia de esta nueva forma de economía.
La duda surge, por un lado, sobre la cantidad estipulada para el gravamen, y por otro lado sobre si esta carga fiscal tendrá un efecto significativo sobre el sector.
Jurídicamente la medida suscita asimismo dudas, ya que los ingresos por el alquiler de bienes privados no está sujeto a tasación en Bélgica, por lo que el hecho de que se empiece a pagar impuestos por el mero hecho de hacerlo vía una plataforma de internet puede ser objeto de controversia legal.
La retención será del 10% del importe bruto devengado y se carga sobre cada ingreso que haya sido pagado a la plataforma colaborativa, informa L’Echo. El Gobierno belga espera recaudar por este sistema unos 20 millones de euros.
La retención funcionará de la siguiente forma. Si un usuario belga contrata a Airbnb un apartamento por 30 euros, la plataforma destinará el 10% de este importe al fisco belga.
El diario económico informa también de que este impuesto no dejará indiferente al sector, ya que es posible que los precios ofertados en la actualidad por las diferentes plataformas de la economía colaborativa puedan subir para compensar el impacto fiscal sobre la economía de los diferentes agentes.
Otra consecuencia derivada de esta situación, según el citado diario, puede ser la contracción de la demanda de viajeros y usuarios de estas plataformas, cuya oferta será desde ahora menos atractiva.
Expertos citados por el diario belga se preguntan incluso si este gravamen sobre los servicios colaborativos corre el peligro de frenar la emergencia de esta nueva forma de economía.
La duda surge, por un lado, sobre la cantidad estipulada para el gravamen, y por otro lado sobre si esta carga fiscal tendrá un efecto significativo sobre el sector.
Jurídicamente la medida suscita asimismo dudas, ya que los ingresos por el alquiler de bienes privados no está sujeto a tasación en Bélgica, por lo que el hecho de que se empiece a pagar impuestos por el mero hecho de hacerlo vía una plataforma de internet puede ser objeto de controversia legal.
Acotar la dimensión de la economía colaborativa
El diario señala también que Francia e Italia también han tomado medidas para gravar a la economía colaborativa y cuenta que existe el propósito de acotar el tamaño económico que pueden alcanzar estas economías.
Señala que con estas medidas impositivas se persigue limitar el fenómeno Arbnb a 4.000 profesionales y reducir a cero las iniciativas individuales de alquiler de espacios privados.
La estrategia que adoptan los gobiernos ante el auge de la economía colaborativa podría ser, según este diario, la aceptación de este fenómeno social pero mantenerlo en todo momento bajo control para impedir que desestabilice a los sectores tradicionales a los que afecta.
Tal como informamos en otro artículo, Francia obliga a los agentes de la economía colaborativa a cotizar a la seguridad social, según una nueva ley aprobada el pasado diciembre Asamblea Nacional. Los franceses que ganen más de 23.000 euros por alquilar una vivienda o 7.720 euros por alquilar su coche, tendrán que hacerse autónomos.
Italia también se ha lanzado a regular la economía colaborativa en lo que ha sido la primera tentativa sistemática en Europa tendente a regular el fenómeno colaborativo. Italia abrió un camino que ha desplegado un creciente interés para los demás Estados, que continúan llevando a cabo un proceso de reflexión para determinar el mejor modo de abordar esta nueva modalidad de consumo.
España, como otros países de la Unión, no se ha posicionado claramente todavía sobre la emergencia de las nuevas economías.
El diario señala también que Francia e Italia también han tomado medidas para gravar a la economía colaborativa y cuenta que existe el propósito de acotar el tamaño económico que pueden alcanzar estas economías.
Señala que con estas medidas impositivas se persigue limitar el fenómeno Arbnb a 4.000 profesionales y reducir a cero las iniciativas individuales de alquiler de espacios privados.
La estrategia que adoptan los gobiernos ante el auge de la economía colaborativa podría ser, según este diario, la aceptación de este fenómeno social pero mantenerlo en todo momento bajo control para impedir que desestabilice a los sectores tradicionales a los que afecta.
Tal como informamos en otro artículo, Francia obliga a los agentes de la economía colaborativa a cotizar a la seguridad social, según una nueva ley aprobada el pasado diciembre Asamblea Nacional. Los franceses que ganen más de 23.000 euros por alquilar una vivienda o 7.720 euros por alquilar su coche, tendrán que hacerse autónomos.
Italia también se ha lanzado a regular la economía colaborativa en lo que ha sido la primera tentativa sistemática en Europa tendente a regular el fenómeno colaborativo. Italia abrió un camino que ha desplegado un creciente interés para los demás Estados, que continúan llevando a cabo un proceso de reflexión para determinar el mejor modo de abordar esta nueva modalidad de consumo.
España, como otros países de la Unión, no se ha posicionado claramente todavía sobre la emergencia de las nuevas economías.